RESUMEN

En 1781 y a propuesta del Conde de Floridablanca, el Consejo de Castilla comenzó las diligencias para informar sobre el restablecimiento de cementerios. EL proyecto coincidía iniciativas similares que se desarrollaron en Europa y en el participaron diversas corporaciones nacionales y todos los obispos. El debate científico se articuló en torno a las ideas ambientalistas que dominaban en la época. Los obispos de Extremadura se manifestaron contrarios a la propuesta, fundamentalmente por razones económicas. El interrogatorio de la Real Audiencia (1791) demuestra el nivel de implicación de los municipios en la reforma tras la promulgación de la Real Célula de 1787 sobre cementerios. Sólo 22 localidades de las 345 encuestadas habían iniciado algún trámite, mientras 236 preferían continuar con los enterramientos en las iglesias.